La semana anterior presenció otro triunfo para compañías tecnológicas que desafiaban al gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia publicó recientemente nuevas directrices que establecen la necesidad de solicitudes específicas por parte de los funcionarios gubernamentales para mantener una investigación privada. Según estas nuevas directrices, los funcionarios ya no podrán solicitar más de un año de retraso en la notificación a los clientes, salvo en situaciones excepcionales.
En este sentido, los funcionarios del Departamento de Justicia que solicitan información de los clientes podrán mantener en secreto sus solicitudes de clientes particulares si consideran que esos clientes podrían borrar los datos una vez que se enteren de que están siendo investigados por el gobierno, o si los clientes podrían evadir acciones legales.
No obstante, esta decisión representa un triunfo para las empresas tecnológicas y los clientes que valoran la transparencia. Anteriormente, las empresas tecnológicas que guardan información de sus clientes estaban obligadas legalmente a mantener en secreto muchas veces cuando las autoridades federales solicitaban esos datos.
La victoria de Microsoft llegó después de que la compañía demandara al Departamento de Justicia el año pasado. La demanda se basó en la violación de los derechos de los clientes amparados por la Cuarta Enmienda, que protege contra la búsqueda y confiscación injustificadas de datos por parte del gobierno. Los abogados de Microsoft argumentaron también que se vulneraron sus propios derechos de la Primera Enmienda al no poder informar a los clientes sobre la vigilancia gubernamental de sus datos debido a órdenes de confidencialidad.
Durante un lapso de 18 meses, el gobierno emitió 2.576 solicitudes legales a Microsoft que incluían una cláusula de confidencialidad, según afirmó el Presidente y el Oficial Jurídico Principal de la empresa, Brad Smith. Del total de requerimientos, el 68% parece haber sido solicitado bajo la condición de mantener la información en secreto de forma indefinida.
En síntesis, Smith mencionó que no pudieron informar a muchos clientes sobre el intento del gobierno de acceder a sus datos.
La empresa está tomando medidas para finalizar su demanda debido a las nuevas pautas del Departamento de Justicia, pero Smith resaltó la importancia de tener una legislación que prohíba las órdenes de silenciamiento prolongadas en lugar de depender únicamente de las directrices del DOJ. Abogó por que el Congreso apruebe la Ley de Modernización de la CEPA de 2017, la cual evitaría que los funcionarios impongan a las empresas tecnológicas órdenes que excedan los 90 días a menos que el gobierno solicite una extensión.
El enfrentamiento entre Microsoft y el DOJ es solo el más reciente de una serie de disputas entre empresas tecnológicas y el gobierno en relación a la privacidad.
El Departamento de Justicia tuvo que realizar cambios importantes en una orden extensa que solicitaba información de 1.3 millones de direcciones IP de usuarios que visitaron DisruptJ20.org, un sitio utilizado por manifestantes contra la toma de posesión del presidente Donald Trump.
Quizá más conocido (o notorio), el FBI y Apple tuvieron un enfrentamiento público sobre si Apple debería ser obligado a permitir que las autoridades accedieran al iPhone de un delincuente responsable de un tiroteo en diciembre de 2015 en San Bernardino, California. Apple afirmó que cumplir con esta petición pondría en peligro la privacidad de todos sus usuarios.
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